Ayuntamiento, productores y comercializadores solicitarán destinar a fines sociales la fruta que no absorberá Rusia tras el veto
Ayuntamiento,
productores y comercializadores solicitarán destinar a fines sociales
la fruta que no absorberá Rusia tras el veto de Putin
El Ayuntamiento de Fraga, la organizaciones de productores de frutas y hortalizas del Bajo Cinca y la Asociación Profesional Excofrut remitirán esta misma semana una misiva al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España solicitando a ambos que activen los mecanismos necesarios para que se destine a fines sociales la fruta aragonesa que no absorberá Rusia tras el veto de Putin a los productos procedentes de la UE. El planteamiento que se trasladará a los gobiernos nacional y autonómico se ha acordado hoy en Fraga durante la reunión convocada por el concejal delegado de Agricultura José Ignacio Gramún y la lonja de fruta en origen MercoFraga para analizar de la mano de los principales afectados (productores y comercializadores) la repercusión sobre el sector frutícola de las decisiones adoptadas por el Gobierno ruso en relación a la entrada de productos procedentes de la UE en el mercado de aquel país. A 11 de agosto, quedan pendientes de recolectar en el Bajo Cinca unos 60 millones de kilos de fruta, lo que supone en torno a un 30% de la producción. De esos 60 millones de kilos, un 60% tiene Rusia como destino directo o indirecto, por lo que se hace necesario, y así lo destaca Gramún, la adopción de medidas rápidas y eficaces, ya que la fruta es un producto perecedero: “Hablamos de 60 millones de kilos de fruta pendientes de recolectar. De esos 60 millones, 36 tienen Rusia como destino final bien sea a través de ventas directas o a través de comercializadores de otros países. La decisión adoptada por el Gobierno ruso plantea un importante desafío, pero los mecanismos de retirada de excedentes que existen y pueden habilitarse en situaciones de emergencia pueden permitirnos superarlo. No hay margen para buscar mercados alternativos, la única solución es ésta que planteamos. Otros planteamientos, hundirían los precios y saturarían los mercados completamente”, señala el concejal delegado de Agricultura de Fraga.
La postura de productores, comercializadores y Ayuntamiento pasa por destinar la producción que Rusia no va a absorber a bancos de alimentos de toda Europa. “Se trata de fruta de calidad y no podemos dejar que se pierda. El producto es el fruto del esfuerzo de muchos agricultores y merece un destino digno. Este año estamos destinado ya producción excedentaria a la elaboración de zumos para bancos de alimentos y con voluntad y recursos, se pueden utilizar esos mismos mecanismos de retirada para dar salida a través de bancos de alimentos de toda Europa a la fruta que Putin impide que absorba Rusia”, explica José Ignacio Gramún. Esta misma mañana, el concejal delegado de Agricultura del Ayuntamiento de Fraga se ha comunicado con el Consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón Modesto Lobón para trasladarle las inquietudes de los productores y comercializadores frutícolas del Bajo Cinca y trasladarle las propuestas de solución para esta crisis que se plantean desde Fraga: “Nos ha atendido de manera inmediata y nos ha solicitado cifras concretas para articular las soluciones pertinentes junto al Gobierno de España, que está también por la labor. El propio consejero nos ha informado también de los contactos que ha mantenido con la Ministra de Agricultura en relación a la coyuntura en las que nos coloca a todos la decisión de Putin. Todas las partes implicadas entienden la complejidad de la situación y la necesidad de articular respuestas eficaces y rápidas para dar salida a un producto de enorme calidad pero muy perecedero y conseguir que el impacto del veto ruso sobre las cuentas de resultados de productores y comercializadores frutícolas sea el mínimo posible. Mañana mismo se enviará a los agentes implicados la misiva en la que recogemos los planteamientos acordados en la reunión de hoy”. En el Bajo Cinca, el sector frutícola emplea durante la campaña a unas 5.000 personas. De ellas, 3.000 trabajan en centrales frutícolas y las 2.000 restantes, en las explotaciones. “La fruta es el motor económico de la zona, hay que hacer el máximo esfuerzo para atenuar el impacto que va a tener sobre el sector las medidas adoptadas por Rusia”, dice Gramún.
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